La Defensora del Pueblo recuerda que ha recibido numerosos escritos que cuestionan la supresión de la paga extraordinaria a los funcionarios. Por ello, recomienda que la supresión de esta paga comience a aplicarse en el momento en que se publicó el Real Decreto Ley 20/2012 (15 de julio), porque la Institución considera que una parte de la paga suprimida correspondería a un trabajo ya realizado.
Además, Becerril recomienda concretar la forma en la que se compensará a los funcionarios por las cantidades suprimidas, y pide que se busquen fórmulas adicionales a las que contempla la norma (reingreso en un plan de pensiones a partir de 2015), puesto que no todos los empleados públicos disfrutan de planes de pensiones o contratos de seguro colectivo.
